Artículo 14, de la Constitución Política del Estado de Baja California, párrafo 3ro: “(…) Los Diputados, como representantes del pueblo, podrán auxiliar a sus representados y a las comunidades del Estado en sus demandas sociales y de orden administrativo de interés general, a fin de lograr su oportuna solución, por lo que las autoridades administrativas del Estado y los Ayuntamientos deberán atender su intervención y ver por la oportuna resolución de sus promociones.”
Es por esta facultad expresada que atiendo la voluntad del pueblo de Baja California, que se siente profundamente dolido por la explotación de loas jornaleroas del Valle de San Quintín, e inconforme por la infértil labor de negociaciones por parte del Ejecutivo Estatal y las empresas extranjeras. Razón por la que basta y sobra decir que es necesario se ventilen estos asuntos ante la opinión pública en el símbolo representativo de la soberanía del Estado, y me refiero precisamente a este Honorable Congreso.
Es inadmisible que en este Congreso no se asuma con entera convicción la necesidad de hacer frente a esta problemática y dolencia social que ahora desestabiliza nuestras instituciones con causa justa.
Es por mi deber cívico y moral que hago uso del
presente medio para exponer los siguientes hechos ocurridos días atrás. A su
vez, hago el exhorto a mis compañeros legisladores para que tomen manos en el
asunto que ineludiblemente nos compete.
Si no somos nosotros quienes representamos al pueblo y sus intereses, entonces ¿con qué carácter nos hacemos llamar representantes de la soberanía? Es porque somos elegidos por sufragio libre que las leyes que dictamos deben respaldar las necesidades sociales y llevar el acuerdo de voluntades para este contrato social que tiene por objeto el orden.
Insisto, y pido, que nos unamos para hacer frente como es debido a este clamor humano. Hay gente allá afuera que nos pide ayuda y dignidad.
Por estas razones paso a dar una pequeña reseña de lo ocurrido en esta comunidad hermana de San Quintín, en voz de loas jornaleroas:
Hechos:
Si no somos nosotros quienes representamos al pueblo y sus intereses, entonces ¿con qué carácter nos hacemos llamar representantes de la soberanía? Es porque somos elegidos por sufragio libre que las leyes que dictamos deben respaldar las necesidades sociales y llevar el acuerdo de voluntades para este contrato social que tiene por objeto el orden.
Insisto, y pido, que nos unamos para hacer frente como es debido a este clamor humano. Hay gente allá afuera que nos pide ayuda y dignidad.
Por estas razones paso a dar una pequeña reseña de lo ocurrido en esta comunidad hermana de San Quintín, en voz de loas jornaleroas:
Hechos:
Como es sabido el pasado 8 de Mayo de este año 2015, los pobladores de la
colonia indígena Triqui en San Quintín se resistieron a la entrada de un
automóvil blindado de la PEP (Policía Estatal Preventiva) durante la noche,
luego de haber arribado a esta comunidad, para perpetrar sin orden judicial
escrita la privacidad y el domicilio de los pobladores, al entrar violentamente
a algunas de sus casas, para golpear, hostigar y amenazar a mujeres, hombres y
niñoas, con el objetivo de saber dónde estaban los voceros de la “Alianza de
Organizaciones” (Sindicato creado recientemente, producto de estos movimientos
encabezados por loas jornaleroas), líderes del movimiento, con la orden de
capturar y desarticular la organización campesina que busca el mejoramiento de
sus condiciones de vida.
A la mañana siguiente, el resultado de esta confrontación fue de más de 50 jornaleros heridos de bala, accionadas por parte de las fuerzas estatales; la detención de siete, y el encarcelamiento de tres manifestantes, que además recibían una fianza irracional y desproporcionada de 7 millones de pesos a cada uno, por concepto de los delitos de daño en patrimonio Estatal; más de 100 robos cometidos por parte de los policías Estatales y múltiples violaciones a su integridad humana. También fueron encontradas dos unidades tipo Pick Up destrozadas, al igual que un vehículo blindado llamado “Tiburón” y la comisaría de policía incendiada.
Por la amenaza de otro desmedido abuso de autoridad, también se encontraron una serie de barricadas y bloqueos menores a lo largo de la comunidad, con el objetivo de retrasar otro ataque “sorpresa”.
Fue también cuando al día siguiente, el Subsecretario de gobierno de Baja california, Pablo Alejo López Núñez, fungió como mediador de la pasiva e inefectiva respuesta por parte del Ejecutivo del Estado y la representación patronal. Razón por la que loas jornaleroas recriminaron al funcionario su falta de compromiso con la causa, gritando y exigiendo una respuesta positiva.
Minutos después, tuvo que abandonar el lugar. Acto seguido, personas foráneas al movimiento llegaron al lugar para bloquear agresivamente la carretera Transpeninsular.
Acciones que los mismos voceros de la Alianza, a los cuales trataron de apresar la noche anterior, intentaron detenerlas sin éxito, ya que la inconformidad y el hartazgo de la comunidad se encuentra desde hace tiempo en niveles críticos y amenazantes.
Estas agresiones fueron desconocidas e identificadas como boicots por la Alianza de jornaleros, según informó el Vocero Fidel Sánchez, uno de los cinco voceros representantes de la organización.
En una reunión de aproximadamente 14 horas de negociación, se celebraron acuerdos que ayudaron a dejar de tensar la situación político/social de nuestro Estado.
Mientras los empresarios agricultores dieron paso atrás a los acuerdos y desarticularon cada supuesto logro alcanzado desconociéndolo. Pero, ¿es un logro que los empresarios se impongan sobre la fuerza del Estado? ¿Es un logro la propuesta de ser cubierta la diferencia por el erario público? ¿Es acaso una burla que el pueblo pague la explotación de industrias extranjeras a nuestra gente y tierras?
La explotación de la clase campesina constituye un acto de esclavismo en pleno siglo XXI.
A la mañana siguiente, el resultado de esta confrontación fue de más de 50 jornaleros heridos de bala, accionadas por parte de las fuerzas estatales; la detención de siete, y el encarcelamiento de tres manifestantes, que además recibían una fianza irracional y desproporcionada de 7 millones de pesos a cada uno, por concepto de los delitos de daño en patrimonio Estatal; más de 100 robos cometidos por parte de los policías Estatales y múltiples violaciones a su integridad humana. También fueron encontradas dos unidades tipo Pick Up destrozadas, al igual que un vehículo blindado llamado “Tiburón” y la comisaría de policía incendiada.
Por la amenaza de otro desmedido abuso de autoridad, también se encontraron una serie de barricadas y bloqueos menores a lo largo de la comunidad, con el objetivo de retrasar otro ataque “sorpresa”.
Fue también cuando al día siguiente, el Subsecretario de gobierno de Baja california, Pablo Alejo López Núñez, fungió como mediador de la pasiva e inefectiva respuesta por parte del Ejecutivo del Estado y la representación patronal. Razón por la que loas jornaleroas recriminaron al funcionario su falta de compromiso con la causa, gritando y exigiendo una respuesta positiva.
Minutos después, tuvo que abandonar el lugar. Acto seguido, personas foráneas al movimiento llegaron al lugar para bloquear agresivamente la carretera Transpeninsular.
Acciones que los mismos voceros de la Alianza, a los cuales trataron de apresar la noche anterior, intentaron detenerlas sin éxito, ya que la inconformidad y el hartazgo de la comunidad se encuentra desde hace tiempo en niveles críticos y amenazantes.
Estas agresiones fueron desconocidas e identificadas como boicots por la Alianza de jornaleros, según informó el Vocero Fidel Sánchez, uno de los cinco voceros representantes de la organización.
En una reunión de aproximadamente 14 horas de negociación, se celebraron acuerdos que ayudaron a dejar de tensar la situación político/social de nuestro Estado.
Mientras los empresarios agricultores dieron paso atrás a los acuerdos y desarticularon cada supuesto logro alcanzado desconociéndolo. Pero, ¿es un logro que los empresarios se impongan sobre la fuerza del Estado? ¿Es un logro la propuesta de ser cubierta la diferencia por el erario público? ¿Es acaso una burla que el pueblo pague la explotación de industrias extranjeras a nuestra gente y tierras?
La explotación de la clase campesina constituye un acto de esclavismo en pleno siglo XXI.
La industria extranjera explota nuestra tierra,
nuestra mano de obra y atenta contra los asuntos del Estado, el orden que
procura su soberanía.
Es cierto que quizás las piedras y los palos no son los medios para ser escuchados, pero... entonces ¿por qué a la mañana siguiente estaba el representante Estatal llevando noticias inútiles? A eso ha sido orillado el pueblo de San Quintín, a tomar con gritos y piedras lo que el gobernador ha solicitado con diplomacia y balas. Cumplamos con nuestro deber y pongámonos al servicio del pueblo.
Por lo antes expuesto, es que hago esta solicitud con fundamento en el artículo 27 en su fracción XXXVII, de la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Baja California. En mi carácter de representante popular, hago uso de las facultades conferidas a mi cargo para citar a los Secretarios del ramo, Procurador de Justicia del Estado, Titulares o Administradores de los Organismos Descentralizados Estatales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y a los Titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos, para que comparezcan a este H. Congreso del Estado de Baja California para que informen y en su momento estudien este asunto concerniente a sus respectivos ramos y actividades. Toda vez que están obligados a acudir a las sesiones correspondientes, así como a dar respuesta formal a las cuestiones que la sociedad demanda.
(EXTRA)
Se dice en San Quintín que Felipe Calderón estuvo ahí en el rancho Los Pinos para cerrar su campaña electoral, afirma un habitante de El Vergel, la pequeña colonia construida por estos empresarios para albergar a su mano de obra. “Peña Nieto también ha dormido en ese rancho”, aseguran loas jornaleroas.
Es cierto que quizás las piedras y los palos no son los medios para ser escuchados, pero... entonces ¿por qué a la mañana siguiente estaba el representante Estatal llevando noticias inútiles? A eso ha sido orillado el pueblo de San Quintín, a tomar con gritos y piedras lo que el gobernador ha solicitado con diplomacia y balas. Cumplamos con nuestro deber y pongámonos al servicio del pueblo.
Por lo antes expuesto, es que hago esta solicitud con fundamento en el artículo 27 en su fracción XXXVII, de la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Baja California. En mi carácter de representante popular, hago uso de las facultades conferidas a mi cargo para citar a los Secretarios del ramo, Procurador de Justicia del Estado, Titulares o Administradores de los Organismos Descentralizados Estatales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y a los Titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos, para que comparezcan a este H. Congreso del Estado de Baja California para que informen y en su momento estudien este asunto concerniente a sus respectivos ramos y actividades. Toda vez que están obligados a acudir a las sesiones correspondientes, así como a dar respuesta formal a las cuestiones que la sociedad demanda.
(EXTRA)
Se dice en San Quintín que Felipe Calderón estuvo ahí en el rancho Los Pinos para cerrar su campaña electoral, afirma un habitante de El Vergel, la pequeña colonia construida por estos empresarios para albergar a su mano de obra. “Peña Nieto también ha dormido en ese rancho”, aseguran loas jornaleroas.
En respuesta a tal agresión, y con el miedo de que
fueran privadoas de la libertad, estos líderes sociales reaccionaron de la
manera provocada y, puedo decir, impuesta por la violación directa de sus
derechos humanos.
¿Qué clase de solución es ésta?
Además
de las leyendas —verídicas o no— que circulan entre los trabajadores, existen
evidencias que revelan una verdadera red político empresarial que domina la
industria de la zona. Por un lado, el exsecretario de Fomento Agropecuario
del estado, Antonio Rodríguez, es dueño de Los Pinos, el rancho más grande de
todo el valle. Manuel Valladolid, actual responsable de esta secretaría, es
propietario de la Agrícola Valladolid y Aragonés, y la familia del actual
secretario de Finanzas del estado también es dueña de empresas instaladas en la
zona.